En un mundo donde los bancos centrales imprimen dinero sin límites aparentes, Ricardo Manuel Rojas plantea una pregunta incómoda: ¿por qué la emisión monetaria excesiva no se considera un delito? Su libro La inflación como delito no es solo otro análisis económico más. Es una acusación directa contra décadas de políticas monetarias que han empobrecido a millones de personas.
Desmontando el gran engaño
Desde pequeños nos enseñan que la inflación es «el aumento de los precios». Rojas destroza esta definición con una precisión quirúrgica: «Lo que se infla es el dinero, no los precios». No es una cuestión semántica. Es la diferencia entre entender quién es realmente el culpable y seguir persiguiendo fantasmas.
Cuando el gobierno duplica la cantidad de dinero en circulación, no está «estimulando la economía». Está robando. Te quita la mitad del valor de tus ahorros sin necesidad de pistolas ni asaltos nocturnos. Simplemente imprime más billetes y observa cómo tu poder adquisitivo se desvanece.
En Argentina, donde Rojas desarrolla gran parte de su análisis, esta realidad es especialmente cruda. Con una inflación que ronda el 100% anual, cada peso que guardas bajo el colchón pierde la mitad de su valor en doce meses. Es matemática pura aplicada al robo sistemático.
La perspectiva histórica que ofrece Rojas es reveladora. Durante siglos, los gobiernos han manipulado el dinero como herramienta fiscal encubierta. Desde los emperadores romanos que reducían el contenido de oro en sus monedas hasta los bancos centrales modernos que crean dinero de la nada, el patrón se repite: cuando los gobiernos necesitan recursos y no quieren enfrentar el costo político de subir impuestos, recurren a la manipulación monetaria.
Tres delitos en uno
La brillantez jurídica de Rojas radica en demostrar que la emisión excesiva no es solo moralmente reprobable, sino técnicamente criminal. Identifica tres tipos de delitos simultáneos:
Violación del derecho de propiedad: La más evidente. Como explica el autor, es «una forma de quitarles dinero del bolsillo sin que ustedes se den cuenta». No necesitas un ladrón con pasamontañas cuando tienes un banco central con máquina de imprimir. La inflación opera como un impuesto regresivo que afecta desproporcionadamente a quienes no pueden proteger sus ahorros mediante inversiones sofisticadas.
Abuso de poder: Los funcionarios que autorizan emisiones descontroladas están utilizando su posición para causar daño deliberado. Saben perfectamente las consecuencias de sus decisiones, pero las toman igualmente porque el costo político inmediato es menor que el beneficio fiscal. Esta es quizás la dimensión más perversa del problema: el conocimiento y la intencionalidad.
Falsificación de dinero: Aquí está la propuesta más revolucionaria. Si un ciudadano común imprime billetes falsos, va a la cárcel. ¿Por qué un funcionario público puede depreciar el dinero existente sin consecuencias penales? En esencia, ambos están alterando fraudulentamente el valor del dinero. La diferencia es que uno lo hace desde una oficina gubernamental y el otro desde un sótano clandestino.
El contexto jurídico argentino
Rojas dedica especial atención al marco legal argentino, particularmente a la «teoría de la imprevisión» introducida por la ley 17.711 de 1968. Esta modificación al Código Civil permite la intervención judicial para alterar contratos cuando se ven afectados por hechos «imprevisibles» como la inflación.
La ironía es devastadora: como señala Rojas, «lo único ‘imprevisible’ es en qué momento el gobierno va a incrementar fuertemente la cantidad de dinero y disminuir así su valor adquisitivo». El Estado crea el problema mediante la emisión descontrolada y luego ofrece la «solución» mediante la intervención judicial en contratos privados.
Esta dinámica revela la naturaleza sistemática del problema. No se trata de errores de política económica o de consecuencias no deseadas. Es un mecanismo deliberado que permite al Estado financiarse a costa de los ciudadanos mientras mantiene la apariencia de legalidad.
El laboratorio argentino
Argentina funciona como el laboratorio perfecto para las teorías de Rojas. Décadas de emisión irresponsable han convertido al peso en una moneda de juguete. Los argentinos han desarrollado una sofisticación financiera única: calculan todo en dólares, compran cualquier bien durable antes que mantener pesos, y han normalizado la inflación como parte de la vida cotidiana.
Esta normalización es precisamente lo que Rojas combate. La inflación no es un fenómeno natural como las tormentas o los terremotos. Es una decisión política deliberada que beneficia al Estado a costa de los ciudadanos.
El gobierno argentino encuentra la inflación «muy agradable» porque funciona como un impuesto invisible. No necesita aprobar nuevos tributos en el Congreso ni enfrentar protestas callejeras. Simplemente imprime dinero y financia sus gastos mientras los ciudadanos pagan la cuenta a través de la pérdida de poder adquisitivo.
Los efectos sociales son devastadores. Las clases medias ven evaporarse sus ahorros de toda una vida. Los trabajadores descubren que sus salarios pierden valor antes de cobrarlos. Los jubilados enfrentan la imposibilidad de planificar su futuro cuando no saben cuánto valdrá su pensión el mes siguiente.
Una solución radical pero necesaria
Rojas no se conforma con diagnosticar el problema. Propone una solución concreta: tipificar la emisión excesiva como delito penal. Su propuesta incluye:
- Criminalización específica: Incluir la emisión excesiva en el Código Penal como forma de falsificación
- Límites institucionales: Establecer marcos legales claros que definan cuándo la emisión se convierte en delito
- Responsabilidad personal: Los funcionarios que autoricen emisiones ilegales enfrentarían consecuencias penales directas
- Competencia monetaria: Permitir el uso libre de monedas extranjeras para crear presión disciplinaria
La propuesta puede sonar extrema, pero Rojas argumenta que es la única forma de romper el ciclo. Los límites técnicos han fallado sistemáticamente. Las reglas fiscales se modifican cuando resultan inconvenientes. Solo la amenaza de prisión puede disuadir efectivamente a los funcionarios tentados por la solución fácil de la emisión.
Como explica el autor, «yo acompaño el delito con una norma específica para el estatuto del Banco Central que le ponga un límite concreto al poder de emisión». Esta aproximación reconoce que la criminalización debe ir acompañada de marcos institucionales claros que definan los límites permisibles.
El precedente internacional
Aunque la propuesta de Rojas puede parecer revolucionaria, existen precedentes históricos de limitaciones legales severas a la manipulación monetaria. Algunos países han incorporado cláusulas constitucionales que restringen la capacidad de emisión, mientras que otros han adoptado sistemas de convertibilidad que limitan automáticamente la creación de dinero.
La diferencia es que Rojas va más allá de las restricciones técnicas para proponer consecuencias penales directas. Su argumento es que solo cuando los funcionarios enfrenten riesgo personal real, dejarán de recurrir a la emisión como solución fácil a los problemas fiscales.
Más allá de la teoría económica
Lo que hace especial el trabajo de Rojas es su enfoque integral. No es solo un economista criticando políticas monetarias. Es un jurista construyendo el marco legal necesario para proteger a los ciudadanos del abuso estatal.
Su análisis histórico revela patrones repetitivos: desde la devaluación de monedas romanas hasta las hiperinflaciones del siglo XX, los gobiernos siempre han recurrido a la manipulación monetaria cuando enfrentan presiones fiscales. La diferencia hoy es que tenemos las herramientas jurídicas para detener este abuso.
Rojas reconoce las complejidades prácticas de su propuesta. La transición hacia un sistema donde la emisión excesiva sea delito requiere cambios institucionales profundos. Pero como él mismo señala, «habrá que transitar un difícil y largo camino hasta que el Estado resigne ese poder».
Esta perspectiva gradualista no debilita su argumento central sino que lo hace más viable políticamente. Reconoce que la transición hacia un sistema monetario honesto requiere pasos intermedios que protejan a los ciudadanos mientras se construyen las instituciones necesarias.
Las implicaciones prácticas
La implementación de las ideas de Rojas tendría consecuencias profundas en la gestión fiscal moderna. Los gobiernos se verían obligados a financiar sus gastos mediante impuestos explícitos o recortes de gasto, eliminando la opción de recurrir al «impuesto inflacionario».
Esta transparencia fiscal podría revolucionar la política democrática. Cuando los ciudadanos vean directamente el costo real de las políticas gubernamentales, las decisiones electorales se basarán en información más precisa sobre los trade-offs reales entre gastos y beneficios.
Una perspectiva revolucionaria
«La inflación como delito» trasciende el análisis económico tradicional para adentrarse en territorio jurídico inexplorado. Rojas nos recuerda una verdad incómoda: robar es robar, independientemente de si lo hace un delincuente común o un banco central.
Su trabajo plantea una reflexión fundamental sobre la responsabilidad gubernamental y los límites del poder estatal. Como él mismo enfatiza, necesitamos «un enfoque riguroso y responsable tanto por parte de los gobiernos como de la sociedad para lograr una economía más estable y justa». La estabilidad monetaria no es un lujo técnico, es un derecho fundamental que debe protegerse con la misma determinación que defendemos otros derechos básicos.
La pregunta que nos deja Rojas es simple pero poderosa: si aceptamos que los gobiernos no pueden violar otros derechos fundamentales sin consecuencias, ¿por qué permitimos que destruyan nuestro dinero impunemente? La respuesta a esta pregunta determinará si las futuras generaciones heredarán un sistema monetario honesto o seguirán siendo víctimas del robo sistemático que llamamos inflación.
En un mundo donde la manipulación monetaria se ha normalizado, la obra de Rojas emerge como una propuesta urgente para recuperar la integridad del dinero y, con ella, la justicia económica que toda sociedad merece.